Tribunal mantiene medida contra Samantha Hernández pese a su condición de adolescente, haciendo que se cuestione el funcionamiento de la ley de amnistía.
Tribunal con competencia en terrorismo le negó este martes la aplicación de la amnistía a Samantha Sofía Hernández Castillo, una estudiante de 16 años detenida arbitrariamente por funcionarios de la DGCIM en noviembre de 2025, está decisión que ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos.
Está negativa ignora los estándares internacionales de protección a menores y mantiene a la joven bajo el poder represivo del Estado, a pesar de que el marco legal establece el fin de la causa cuando se cumplen las condiciones de la ley.
La defensa y diversas ONG denuncian que la negativa no solo carece de fundamento jurídico sólido, sino que busca prolongar una detención que, desde su origen, fue señalada como un mecanismo de presión política contra su familia.
La resolución judicial se apoya en la calificación del delito de «terrorismo» para excluir a la adolescente del beneficio procesal. Sin embargo, especialistas en la materia sostienen que la interpretación es errónea y discrecional.
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, enfatizó que “la Ley de Amnistía no es una opción que el juez puede aceptar o rechazar libremente. Es obligatoria. Si se cumplen sus condiciones, debe aplicarse”, subrayando que la ley no descarta delitos por su denominación nominal, sino por la naturaleza de los hechos, algo que el tribunal evitó analizar profundamente.
El caso de Samantha ha trascendido las fronteras venezolanas, llegando a ser citado por el Comité Noruego del Nobel debido a la brutalidad de su captura. La joven fue sacada de la casa de sus abuelos por agentes encapuchados sin orden judicial, en un operativo que su madre describió como un ataque directo para forzar la entrega de su hermano, un militar en el exilio.
Ante la actual negativa de libertad, Trapani advirtió sobre la falta de sensibilidad del sistema, manifestando que “La sentencia no examina el contexto, no identifica posibles relaciones de poder, ni valora si la adolescente pudo haber sido utilizada”, lo que convierte el proceso en una forma de victimización institucional.
Para los defensores de los derechos de la infancia, el elemento más crítico es que se trata de una menor de edad, cuyo sistema de justicia debe estar orientado a la educación y protección, no al castigo severo. Al imputar cargos de alta complejidad sin un análisis indicidual, el Estado vulnera la integridad de la joven.
Como bien denunció su madre durante los primeros días de la detención: “hago responsables al gobierno y al ministro de Interior por los daños ocasionados a mi hija, psicológicos, emocionales, físicos, ya que es una menor. Pido ayuda a los organismos internacionales para su pronta liberación”.
Actualmente, Samantha permanece vinculada a un proceso que muchos consideran una represalia política extendida a su círculo familiar, el cual incluye a otros parientes detenidos o desaparecidos. La decisión del Tribunal Primero de Control, a cargo de la jueza Kelly Núñez, cierra una puerta hacia la reconciliación y deja a una adolescente de quinto año de bachillerato tras las rejas, bajo una decisión jurídica injusta.
Sara Cortez
