En una serie de contundentes declaraciones, el diputado a la Asamblea Nacional y exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, lanzó una dura arremetida contra la gestión del actual gobernador, Luis Reyes Reyes. Falcón aseveró que la entidad se ha convertido en el reflejo más fiel del colapso estructural que padece Venezuela, señalando una severa parálisis institucional y un abandono sistémico de las comunidades populares en todo el territorio larense.
El parlamentario centró sus señalamientos en la aguda crisis de los servicios públicos, haciendo especial hincapié en el desabastecimiento de agua y la inestabilidad del sistema eléctrico. Tras un recorrido por la comunidad de Pavia, Falcón aseguró que entre el 75% y el 80% de sus habitantes no cuenta con servicio de agua potable por tuberías. Asimismo, criticó los continuos cortes de luz que se extienden entre siete y ocho horas diarias afectando al sector comercial, productivo y residencial, afirmando enfáticamente que en la entidad «ahora lo novedoso es cuando hay luz».
Falcón cuestionó la conducta de los gobernantes regionales a quienes tildó de «pequeños virreyes», asegurando que actúan con soberbia e irresponsabilidad al pretender controlar a jueces, fiscales y cuerpos policiales. Al referirse directamente al mandatario regional, lo calificó de «embustero, pretencioso e incapaz», responsabilizándolo además como el primer causante de múltiples violaciones de derechos humanos en Lara. De igual forma, denunció que se le impidió el paso a la planta Argimiro Gabaldón pese a su investidura como diputado nacional, y criticó el estado de las vías conocido popularmente como el «Barquisihueco».
En el plano político y organizativo, el exgobernador cuestionó a los dirigencias que hacen política únicamente a través de redes sociales e institutos de prensa. Instó a los líderes a retornar al trabajo de campo en las barriadas y llamó a la ciudadanía a perder el miedo para exigir soluciones. Respecto al ámbito geopolítico, definió el panorama nacional de diálogo como un proceso «monitoreado, supervisado e instruido bajo el seguimiento del Gobierno de Estados Unidos», advirtiendo que no suavizará sus críticas ni bajará el tono frente a las deficiencias de la administración estatal.
