Exigen la derogación del instructivo ONAPRE y la salarización de los bonos ante la crisis económica.
Los gremios docentes, administrativos y obreros de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se declararon en conflicto permanente y acordaron ejecutar un paro universitario de 24 horas este miércoles 22 de abril. La medida, surgida de una asamblea intergremial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, busca denunciar la política de bonificación del Ejecutivo Nacional que, según los voceros, impone un modelo donde el patrono fija montos de forma arbitraria, eliminando la carrera académica.
“Las universidades del país hay que paralizarlas. Debemos convocar un paro de 24 horas, sin miedo ninguno y que se sumen la educación media y los sectores de salud”, sentenció José Gregorio Afonso Castilla, presidente de la APUCV.
El dirigente gremial fue enfático al señalar la postura del sector frente al contexto político actual: “Desde el 28 de julio de 2024, este país les dijo que quiere cambio. Aunque no somos de ningún partido político, creo que hay que declarar el conflicto, si el gobierno no responde sabrá que tiene que entenderse con las universidades paralizadas o funcionando”.
A la convocatoria se han sumado casas de estudio como la USB, LUZ, ULA, UNELLEZ y UNEG.
En el estado Lara, Blanca Terán de Arrieta, presidenta de Aproupel Barquisimeto, confirmó la aprobación para exigir mejoras en las condiciones laborales, mientras que en Portuguesa la situación es dividida, Junior Abreu, presidente del gremio docente de la Unellez, afirmó: “Exigimos un sueldo que cubra las necesidades básicas, no bonos que no inciden en las prestaciones sociales”.
En contraste, José Luis Rosendo, vocero de la UPT de Portuguesa, indicó que no se plegarán al paro, aunque reconoció que “es el mismo Estado el que está paralizando las actividades”, debido a que la universidad opera apenas al 50 % de su capacidad.
Finalmente, los trabajadores denunciaron que los ingresos actuales han convertido las liquidaciones en montos “insignificantes” y calificaron al instructivo de la ONAPRE como un “instrumento arbitrario que violenta la progresividad de los derechos laborales”.
Como parte del plan de lucha, se mantiene la convocatoria a una movilización masiva el próximo 1 de mayo para rechazar los “salarios miserables” y exigir el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución.
Sara Cortez.
