Organizaciones civiles denuncian que la medida es inconstitucional y deja a 473 presos políticos en el limbo.
Apenas dos meses después de su aprobación, la amnistía en Venezuela «llega a su fin». así lo anunció este jueves la presidente encargada, Delcy Rodríguez, en un acto oficial donde no explicó bajo qué argumentos legales se le pone fecha de vencimiento a una ley que no establece caducidad en su texto.
La decisión frena un proceso que, según el chavismo, benefició a 8.616 personas, pero que para las ONG deja una deuda pendiente: todavía hay 473 presos políticos tras las rejas que esperaban por el perdón.
Rodríguez fue terminante al cerrar esta etapa y asomar que los casos que no entraron en el beneficio tendrán que buscar otras vías “Esta ley de amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, explicó la mandataria.
Según su planteamiento, ahora estos expedientes se moverán hacia la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal o el Programa Convivencia Democrática y Paz, instancias manejadas directamente por el Ejecutivo.
La reacción de los defensores de derechos humanos fue inmediata, organizaciones como Acceso a la Justicia recordaron que “La intromisión del Ejecutivo nacional en este caso, tanto en las competencias legislativas como en las judiciales, viola los principios constitucionales de separación de poderes”, advirtió la ONG, calificando el anuncio como un atropello al Estado de derecho.
Por su parte, Provea fue directa al señalar que «esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando».
Para los activistas, el cierre abrupto del proceso crea un vacío jurídico peligroso, pues los tribunales podrían empezar a rechazar solicitudes de libertad basándose en una orden política y no en lo que dice la ley. Esta «inseguridad jurídica» preocupa especialmente a los familiares de los 187 militares presos, quienes quedaron fuera de la norma desde el inicio por decisión oficial.
Mientras la polémica crece, el diputado Jorge Arreaza defendió la gestión de la comisión parlamentaria detallando que recibieron más de 12.000 solicitudes. Sin embargo, el hermetismo sigue siendo la norma: el Gobierno todavía no publica la lista con los nombres de los 8.616 amnistiados.
Esta falta de transparencia ha sido criticada incluso por la ONU, mientras las organizaciones locales insisten en que, sin una publicación oficial, la cifra de beneficiados es incomprobable y la ley termina siendo más un ejercicio de retórica que un alivio real para los perseguidos.
Sara Cortez.
